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martes, 21 agosto 2018

La temeraria Ley Interior de Seguridad: Más poder a los ya todopoderosos

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militares poder

STAFF SOLES.- En la lógica regresiva –y represiva– del actual régimen federal, una ley repudiada por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras, y cuestionada por organismos internacionales, como la ONU y la OEA, acabó siendo aprobada por los diputados del PRI y del PVEM, 14 del PAN e incluso algunos del PRD y uno de Encuentro Social. Esta ley temeraria da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de "urgencia" para restaurar el orden interno. Libres, pues, seguirán en las calles del país con licencia para usar o interpretar a su modo el nuevo precepto legal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los militares mexicanos están por conseguir lo que por tantos años buscaron: la protección legal a cambio de participar en el combate a la delincuencia. Y, de paso, consolidarse como un estamento que crece en presencia e influencia en el país, sin que informe de lo que hace y mucho menos rinda cuentas a nadie que no sea el presidente de la República en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Gracias al apoyo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde, de una fracción de diputados de Acción Nacional y el respaldo de algunos legisladores del PRD y uno del Partido Encuentro Social, el Ejército y la Marina tendrán un mayor peso en la de por sí ya militarizada seguridad del país.

El jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados y con la mayoría priista echada a andar, se aprobó primero el dictamen en la Comisión de Gobernación, en una sesión cerrada, y horas después se votó en el pleno la Ley de Seguridad Interior que tanto exigieron los militares desde el sexenio pasado para legitimar su presencia en las calles.

La ley da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de urgencia para restaurar el orden interno. Además, los faculta para recolectar información de inteligencia de seguridad interior y obliga a las autoridades civiles a darles la información que pidan.

Todos los datos que obtengan serán considerados de seguridad nacional, por lo que podrán reservarse hasta 20 años. Además, el Congreso se ató las manos porque se conformó con ser notificado de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y con que los militares y la autoridad federal en tal caso le entreguen un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

La justificación

La Ley de Seguridad Interior se aprobó en nombre de la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década. Pero la paradoja es que el Congreso y el gobierno de Peña Nieto dejaron pendientes las reformas que tienen que ver con el desarrollo policial. Es más, de acuerdo con Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la propia Cámara, en la segunda mitad del gobierno peñanietista se redujo en 8 mil millones de pesos el presupuesto para la seguridad pública.

Fuera de la propuesta de Mando Único Policial, para la que se necesitan tres cuartas partes del Congreso por tratarse de reformas a la Constitución, no hay ahora en éste ninguna otra iniciativa gubernamental para fortalecer a las policías del país. El Mando Único, como la ley ahora aprobada, fueron retomadas por el gobierno de Peña Nieto luego de que su antecesor, Felipe Calderón, no lograra sacarlas.

La crisis policial ha sido el argumento para justificar la participación de los militares en tareas de seguridad pública, aunque a partir de que la Ley de Seguridad Interior entre en vigor, la presencia de los militares será considerada como una necesidad de seguridad interior.

Es más, de acuerdo con la Ley, los operativos y acciones que emprendan los militares "en ningún caso... se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública", sino de seguridad interior. A decir de sus promotores, los militares ya no sólo verán por la seguridad e integridad de las personas, sino por la permanencia de las instituciones y la gobernabilidad democrática en todo el territorio, por lo que varias de sus disposiciones quedaron sujetas a la Ley de Seguridad Nacional.

El propósito de la ley es establecer el procedimiento para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior cuando sea necesario "prestar auxilio y protección" a los estados y municipios frente a riesgos y amenazas a la seguridad nacional, siempre y cuando se trate de causas internas. Es el caso de los desastres naturales, epidemias o de afectaciones a las instituciones que causen daños graves a la población.

Cuando se trate de "perturbación grave de la paz pública" o en casos en que la sociedad esté "en grave peligro o conflicto" y se requiera la suspensión de derechos, se aplicará el artículo 29 de la Constitución, el mismo que el Congreso no ha regulado a pesar de las iniciativas presentadas desde hace años.

Las protestas sociales, según la ley, no serán consideradas como amenaza a la seguridad interior, y asegura que los encargados de operarla lo harán "respetando los derechos humanos."

Sin embargo, da a las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), la facultad para que emprendan acciones "necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos" en determinadas zonas o áreas geográficas, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Esas acciones serán "de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria".

En el procedimiento dice que el presidente de la República podrá ordenar, por sí o a petición de las legislaturas de los estados o del gobernador en caso de receso legislativo, la intervención de la Federación en un territorio determinado una vez que haya emitido la declaratoria.

Para ello deberá intervenir también el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros del gabinete presidencial, incluidos los jefes del Ejército y la Marina. En las 72 horas siguientes, el Consejo deberá hacer la declaratoria, la cual será sólo notificada a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La declaratoria deberá indicar cuál será la autoridad federal responsable y las que participan, incluidas las fuerzas federales (Policía Federal) o las Fuerzas Armadas, las amenazas, el área geográfica a atender, las obligaciones de los gobiernos locales, las acciones y la temporalidad. La intervención federal no podrá durar más de un año, aunque el presidente podrá modificar o prorrogar la vigencia si se mantiene la amenaza.

Sin embargo, la ley pone una excepción: que tanto las autoridades federales como las Fuerzas Armadas podrán poner en marcha "políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente" los riesgos a la seguridad interior.

Señala que en los casos en que las amenazas pongan en riesgo grave la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad, "podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas".

Cuando las Fuerzas Federales "resulten insuficientes", entonces intervendrán las Fuerzas Armadas. En ese caso, el presidente, a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien será el encargado de los grupos interinstitucionales que se integren. Ese jefe militar coordinará a las autoridades civiles y militares y fijará las responsabilidades de quienes participen.

En lo que llama "control" de esas acciones indica que la autoridad coordinadora informará al presidente a través del secretario de Gobernación. Además, éste "remitirá un informe" a la Comisión Bicamaral.

En un artículo transitorio que le da retroactividad a la ley, señala que las acciones que al momento de la entrada en vigor de la ley estén realizando las autoridades federales, "incluyendo las Fuerzas Armadas", y que requieran declaratoria de protección, tendrán 90 días para cumplir con el procedimiento.

La ley no es exclusiva para para las Fuerzas Armadas. También involucra a las Fuerzas Federales y a los gobiernos federal, estatales y municipales. En el caso de los gobiernos locales, los obliga a colaborar para enfrentar la amenaza y entregar la información que les pida la autoridad federal.

Los derechos humanos, en riesgo

Desde el sexenio pasado, los comandantes de las Fuerzas Armadas han demandado una legislación bajo la cual encuadrar sus operaciones contra la delincuencia, que han ido de la mano de violaciones a los derechos humanos. La Cámara de Diputados respondió a esa exigencia y aprobó la Ley de Seguridad Interior al gusto de los militares y con el aval del gobierno de Enrique Peña Nieto, su partido y diputados de otros partidos, incluidos dos del Partido de la Revolución Democrática.

La Cámara procesó las iniciativas de ley presentadas en noviembre del año pasado por el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, y la diputada Martha Sofía Tamayo, y en febrero de este año por la dipu­tada Sofía González Torres, del Verde.

En la sesión de la Comisión de Gobernación con la que comenzó la aprobación de la ley estuvieron dos diputados: los militares en retiro Daniel Méndez Bazán y Carlos Federico Quinto Guillén, ambos del PRI.

El primero fue subsecretario de la Defensa Nacional, y el segundo, subsecretario de Marina. El general en retiro es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y el almirante retirado es secretario de la Comisión de Marina e integrante de la Comisión de la Defensa.

Aprobada la ley en la Cámara de Diputados, lo que sigue es su aprobación en el Senado, donde se espera que pase con la mayoría de votos priistas y el apoyo de senadores panistas. Superado ese trámite, Peña Nieto estaría en condiciones de promulgar la ley incluso antes de que termine este año.

En el Legislativo, la minoría busca impugnar la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual se necesitará una tercera parte de los legisladores. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, adelantó que el organismo revisará la constitucionalidad de varios artículos de la ley.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en nombre de la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Con el apoyo del PRI, de 14 diputados del PAN, dos del PRD y dos del Partido Encuentro Social, Peña sacó en el Congreso lo que Calderón no pudo, a pesar de la oposición de un gran sector de la sociedad civil.

Los legisladores escucharon a representantes de organizaciones no gubernamentales, pero no les hicieron caso. Tampoco a las reservas de organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que han pedido retirar a los miliares de las tareas de seguridad pública.

Waldo Fernández, uno de los diputados del PRD que votó a favor de la ley, dice a Proceso que su apoyo se debió a que la presencia de los militares en Nuevo León redujo los niveles y la percepción de la violencia en el estado que representa. Explicó que, de facto, los militares coordinaron a las autoridades locales, a la sociedad civil y a los empresarios, "que invirtieron 20 millones de dólares para la seguridad en Nuevo León".

El legislador considera que eso es mejor que nada, porque después de 11 años de intervención de los militares en labores de seguridad pública "la ley les da certeza a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas". Añade: "No teníamos nada. El Ejecutivo federal era discrecional con el uso del Ejército y la Marina, y los Ejecutivos locales sólo se ponían de acuerdo con el presidente en turno para enviar militares a su estado. Si era de su propio partido le mandaba más fuerza que a uno de oposición. Estamos creando mayor rigidez para que esa discreción no siga en el Ejecutivo federal".

Integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández menciona que cuando Francisco Javier Cabeza de Vaca asumió el cargo de gobernador de Tamaulipas, pidió que las Fuerzas Armadas dejaran de hacer labores de seguridad en el estado, pero después tuvo que pedir que regresaran ante el riesgo en el que habían quedado los habitantes.

Le atribuye un valor político a la legislación: "Quiero ver al gobernante que solicite la ayuda, porque estará demostrando su ineficiencia. Y si el Congreso local o el Ejecutivo federal le manda una intervención en seguridad interior, la ineptitud será más evidente".

Para el diputado, la ley va a generar un sistema de consecuencias, no sólo para los gobernantes, sino para los propios militares, pues si en una acción muere un inocente, se identificará a todos los que participaron y ordenaron la intervención.

Ante las impugnaciones a la ley, dice que el mejor escenario era que junto a la Ley de Seguridad Interior se aprobaran también la reforma al artículo 123 para darle certeza laboral a los policías, legislar el Mando Único Policial y regular el artículo 29 de la Constitución respecto a los estados de excepción.

Jorge Ramos Hernández, diputado de Baja California por el PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, se abstuvo en la votación por considerar que con esa ley se eludió el tema de fondo: el de la seguridad pública.

"El gran ausente en las reformas de seguridad es justamente la seguridad pública. Es una legislación aislada. Ahora va a haber un marco que genere mayores obligaciones para las Fuerzas Armadas, cuando queremos lo contrario."

Presidente municipal de Tijuana de 2007 a 2010, en medio de la disputa entre el cártel de los hermanos Arellano Félix y el de Sinaloa, Hernández asegura que la Ley de Seguridad Interior atendió más la exigencia de una dependencia importante y no la de todos de los mexicanos de transformar las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Señala que en el momento en que la seguridad está en su peor momento en la historia reciente, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado hay alguna ley que toque el tema de la seguridad.

"A pesar de que la ley que se aprobó, tiene 80% de contenido nuestro; preferí abstenerme porque no quiero que, al paso de cinco o seis años, sin reforma policial, se frustre el país porque ni los militares pudieron. Me abstuve a pesar de la total simpatía con ellos, porque como alcalde no hubiera podido limpiar Tijuana."

E ironiza: "La reforma a la seguridad quedó sepultada. Es un muerto más para la estadística de la inseguridad".

http://www.proceso.com.mx/513082/duarte-agasajo-con-13-mil-mdp-a-la-prensa-en-veracruz-tv-azteca-televisa-y-el-universal-los-consentidos

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STAFF SOLES, XALAPA.- En el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa se agasajó a la prensa de Veracruz y nacional con una partida presupuestal global de 13 mil nueve millones de pesos en 72 meses de gobierno, en donde TV Azteca fue la más beneficiada con una asignación de mil 231 millones 940 mil pesos; luego Televisa, con 580 millones, y El Universal, con 125 millones 164 mil pesos.

Otros medios locales de Veracruz también fueron favorecidos con contratos millonarios.

Elías Assad Danini, coordinador general de Comunicación Social, lamentó que con esos gastos de difusión el gobierno de Duarte "compró consciencias", "amordazó" a periodistas libres que "fueron bloqueados o despedidos por sus medios de comunicación" y trató de maquillar la ola de corrupción y de desfalcos millonarios que pululó en su gobierno.

A través del departamento jurídico –dijo Assad- su oficina ya interpuso las denuncias correspondientes por un desvió de recursos por 2 mil 481 millones de pesos, tan solo alusivo al daño patrimonial de la Cuenta Pública 2016, radicado en las carpetas de investigación 35/2017 y 36/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Assad sostuvo que con los 13 mil millones de pesos, el gobierno de Duarte pudo haber construido y equipado más de dos mil escuelas; edificar 25 hospitales o en el imaginario político, poder construir una autopista de altas especificaciones que abarcará desde Panuco hasta Acayucan.

El funcionario yunista exhibió que a la editorial Sánchez Macías –cuyos dueños son familiares directos de Karime Macías, esposa de Duarte- y que imprime El Heraldo de Coatzacoalcos y El Heraldo de Xalapa se les asignaron convenios por 209 millones; mientras que a Radio Capital, cuya dueña es Gina Domínguez –hoy presa en el penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito- se le asignaron 36 millones 143 mil 880 pesos, y al periódico El Águila –propiedad también de Domínguez y cuya circulación solo duro dos años- se le etiquetaron 32 millones 455 mil, 513 pesos.

Elías Assad señaló que, en el manejo irresponsable de los recursos, se comprometió la línea editorial otorgando "de palabra" convenios publicitarios, que en realidad se volvían tratos editoriales a modo, como el dado a El Dictamen por 148 millones 256 mil 60 pesos; mientras que al grupo Imagen de Veracruz –cuyo dueño es Pablo Robles que hoy incursiona en Morena, donde busca una diputación federal- se le entregaron 148 millones por favores publicitarios.

Assad destacó la asignación al particular Othón González a quien el gobierno de Duarte le entregó 210 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio por concepto de difusión, los cuales González justificó en el periódico digital El Golfo (www.elgolfo.info), hoy ya inexistente. González fue eterno asesor en medios de comunicación del propio Duarte y del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge.

La empresa Publex, proveedora de espectaculares, también fue beneficiada con 163 millones de pesos por la contratación de sus servicios, los cuales fueron pagados desde la oficina de prensa.

Está asignación irracional de recursos para medios involucra además de a Gina Domínguez, a Alberto Silva –actual diputado federal priista con un juicio de procedencia encima- a Irma Chesty y a Juan Octavio Pavón, gente del grupo cercano a Duarte.

Al comparecer ante un pequeño grupo de diputados locales, Assad Danini dijo que en el modelo actual de comunicación social, el gobierno de Yunes sólo ha gastado –en un año- dos millones de pesos en publicidad de redes sociales y un millón 500 mil pesos en inserciones, comunicados y convocatorias en medios de comunicación tradicionales.

"Rompimos prácticas del pasado muy reciente, con austeridad. Con este gobierno se acabaron las llamadas a las redacciones para obligar a censurar una nota informativa, ni se exigen las famosas ocho columnas para el gobernador. Tampoco se pide la censura mediática hacia los que discrepan o cuestionan a la actual administración estatal", dijo.

Assad aseguró que hoy la oficina de prensa se rige con transparencia y rendición de cuentas. Lo que omitió el vocero de Yunes fue que reporteros locales y nacionales se han quejado porque vía transparencia (Infomex) se les han negado los gastos en materia de prensa y la asignación pasada y actual de contratos publicitarios; periodistas de Veracruz también han criticado el trato preferencial de información y documentos para el noticiario de Loret de Mola, en Televisa, al periódico Reforma o a los medios locales Notiver y XEU.

Al comparecer con los diputados locales, el perredista José Kirsch reconoció que ya no se compran conciencias en los medios, pero cuestionó que la austeridad no se ve reflejada, pues fustigó los altos salarios a quienes integran el aparato de comunicación social del gobernador Yunes Linares.

"El secretario particular del vocero gana 50 mil pesos mensuales, hay camarógrafos y reporteros de esa oficina que ganan más de 17 mil pesos netos", lamentó Kirsch.

Excontralor de Javier Duarte, acusado de irregularidades, quiere ser auditor de la ASF

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STAFF SOLES, XALAPA.- Iván López Fernández, excontralor en la primera mitad del sexenio de Javier Duarte y candidato perdedor por la vía independiente a la alcaldía de Emiliano Zapata, formalizó su registro en el Congreso de la Unión para intentar ser el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-2025.

Conocido en el sexenio pasado como Iván El Terrible, López Fernández perteneció al círculo cercano de Duarte de Ochoa y fue artífice para fincar, desde el primer año de gobierno (2011), empresas sin ninguna validez legal ni jurídica, pero sí con cuentas bancarias ávidas de recibir recursos oficiales.

El aspirante a suceder a Juan Manuel del Portal, entre otros tres solicitantes, reapareció el 18 de noviembre de 2016 en el pleno del Congreso local de Veracruz para tratar de encarar -sin lograrlo- al entonces contralor, Ricardo García Guzmán, expolítico cercano a Duarte y hoy afín al gobierno de Miguel Ángel Yunes. Al no lograr su objetivo, despotricó con la prensa al asegurar que "todos sabían" de la creación de más de 600 empresas fantasmas.

Dichas empresas operaban -dijo López Fernández- en una red que abarcaba a la mayoría de dependencias estatales de Veracruz.

"Yo no me aguanté de nada, las denuncias e irregularidades yo puse al tanto a la Auditoria Superior de la Federación... El famoso escandalito de las empresas fantasmas no son 17, ni 25 como lo han dicho ustedes (la prensa), son más de 600. Yo tengo los documentos", aseguró.

En entrevista en aquella ocasión, Iván López admitió que, aunque sabía de la existencia de irregularidades, solo notificó a la ASF y calló.

De la constitución de empresas inexistentes para desviar recursos -dijo entonces-, tenía conocimiento el gobernador Javier Duarte, los secretarios de despacho, el titular del Órgano de Fiscalización (ORFIS) –ente local similar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF)- y los contralores generales del Estado que lo sucedieron en el cargo, como Mauricio Audirac –hoy en prisión preventiva- y el último, Ricardo García Guzmán, hoy exonerado por el gobierno de Yunes Linares.

"Estaban avisados todos, a ustedes (reporteros) no tenía por qué decirles nada. Lo sabía el gobernador, lo sabía el ORFIS, todos lo sabían", insistía López Fernández.

Contralor general del Estado al inicio del sexenio duartista, se quejó que con el caudal de escándalos que ciernen a la actual administración, el ultimo contralor, García Guzmán, lo quiso "extorsionar" con dinero. Sin embargo, se negó a decir de cuánto.

"No tengo por qué decirles la cantidad para saciarlos (sic). Voy a actuar ante la autoridad correspondiente", dijo.

Acusaciones

En el Palacio de Gobierno, a Iván López la clase priista también lo incrimina de haber tejido negocios y constituido empresas y despachos contables para hacer auditorías externas a las dependencias del gobierno de Javier Duarte y a los ayuntamientos, apoyado por el hoy diputado federal del PVEM, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y muy cercano al último exgobernador priista.

Aunque López Fernández solía presumir vida austera, a través de una prestanombres, compró 107 parcelas en un solo movimiento, que equivalió a la adquisición de 60 hectáreas en el municipio de Emiliano Zapata, donde perdió como candidato a la alcaldía por la vía independiente y donde pretendía prestar sus servicios a la cementera Apazapan, según una denuncia pública documentada por el periódico Crónica de Xalapa.

"Era a través de una prestanombres, Elisa Ponce Segovia, donde el excontralor general, Iván López compró 107 parcelas, traducidas en 60 hectáreas, en el municipio de Emiliano Zapata, en aras de brindar servicios de piedra a la cementera Apazapan", detallaron funcionarios de Catastro Municipal y de Tesorería del Ayuntamiento del PRD, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias.

Fue en un terreno pedregoso, en una malla ciclónica ya delimitada, donde vecinos comentan que el personaje ya metió maquinaria pesada y está dinamitando el terreno en aras de darle uso industrial.

El encargado de vigilar las declaraciones patrimoniales de un centenar de funcionarios de primer nivel durante la primera parte del gobierno de Javier Duarte también utilizaba prestanombres para hacerse de bienes muebles e inmuebles, a través de Elisa Ponce Segovia.

Durante su campaña como alcalde, López Fernández tapizó las comunidades de Rinconada, Dos Ríos, La Cumbre; lo mismo en bardas, tinacos y espectaculares con su nombre y bajo el aval de una asociación civil de su pertenencia denominada Observatorio Ciudadano.

Hallan familia completa envenenada en Hidalgo; ve policía suicidio masivo

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escena del crimen

STAFF SOLES, México.- Al menos siete integrantes de una familia perdieron la vida en lo que la policía municipal de Tizayuca Hidalgo, calificó como un suicido masivo, luego de que los cuerpos fueron encontrados al interior de su domicilio con espuma en la boca.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron en la colonia Rojo Gómez, donde se señaló que presuntamente se trató de un suicidio masivo por envenenamiento.

Se informó que alrededor de las 21:30 horas se recibió una llamada a la Central de Radio de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, para reportar que en la calle Uxmal, sin número de la colonia Rojo Gómez se encontraban siete personas inconscientes.

Al arribar al lugar los elementos policiacos encontraron a las víctimas en el suelo y en la cama, con espuma en la boca, por lo que solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia quienes confirmaron el fallecimiento de las siete personas.

Dejan dos cabezas humanas frente a Televisa Guadalajara

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hielera cabezas

STAFF SOLES.- Las cabezas humanas estaban acompañadas de un mensaje en el que el cartelCartel Jalisco Nueva Generación, presuntamente amenazaba a un jefe de policía
Una hielera con dos cabezas humanas, acompañada de un mensaje con amenazas, fue hallada la noche del martes frente a la sede del canal Televisa en Guadalajara, en el occidental estado Jalisco en México, dijeron las autoridades locales, informó Reuters.

En otros dos puntos de la ciudad se encontraron, por una parte, una segunda hielera aunque sin cabezas adentro, y una bolsa con presuntos restos humanos, ambos con notas de intimidación en contra de diferentes personas, aseguró una fuente de la fiscalía estatal que prefirió el anonimato.

"Se está trabajando en los puntos donde se hicieron los hallazgos. Hay personal de la fiscalía pero aún no tenemos algo oficial", dijo la fuente a la agencia.

Se encontró en el contenedor con las dos cabezas un mensaje amenazante escrito a mano y firmado con las siglas C.J.N.G, que coinciden con las del Cartel Jalisco Nueva Generación, considerado por Estados Unidos como uno de los más poderosos del país.

Según información de medios el mensaje decía: "Jesus Hunberto Boruel Neri, clave 1202, hay te dejo esas cabezas haber si ahora sí haces publico, no como el día domingo 19-11-17 que te lanzamos las granadas y lo ocultaste. Tú sabes que se cumplen los tratos o kieres que te recuerde xq estas en ese puesto y kien te puso hay. C.J.N.G".

El mensaje que acompañaba a la segunda hielera, en el municipio Zapopan, estaba dirigido a una jueza, según la fuente de la fiscalía que aún desconocía a quién estaban dirigidas las amenazas dejadas junto a la bolsa negra en el municipio Tonalá.

Duarte pide en carta: "dejen a mi esposa en paz"

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duarte acepta

STAFF SOLES.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa esvió una carta al periodista Ciro Gómez Leyva en la que pide "dejar en paz" a su esposa, Karime Macías, y a sus hijos.

"Me estoy mordiendo un huevo por no decir lo que tengo que decir y el otro por no mentarle su madre a Miguel Ángel Yunes".

La misiva tiene lugar luego de un reportaje presentado por Gómez Leyva la semana pasada en el que un reportero de su equipo informativo narra un encuentro con Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada , y en el que se disculpa por no poder ofrecer una entrevista.

En esta carta Duarte reclama que dentro del reportaje se retoman declaraciones sacadas de contexto, y añade un postdata acerca de un señalamiento sobre la hora de su reloj:

A pesar de que la mayoría de delitos que cometió el exgobernador fueron en Veracruz, Duarte será juzgado en tribunales de la CDMX

"La hora que marca mi reloj es la hora de México (...) Como ser humano, como padre de familia y como esposo te pido de la manera más atenta dejen a mi esposa en paz".

Por su parte, el periodista Ciro Gómez Leyva defendió el trabajo publicado en su noticiario, pero ofreció una disculpa al exmandatario argumentando que "no era nuestra intención mortificarlo", respecto al detalle señalado por duarte sobre la hora en su reloj.

Detienen en Tabasco a uno de los 15 más buscados en EU

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detenido tabasco

STAFF SOLES, CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo en Tabasco a William "N", uno de los 15 fugitivos más buscados por el Servicio Marshals de Estados Unidos de América.

El detenido tiene una orden de aprehensión en ese país por el delito de homicidio perpetrado contra una mujer en diciembre de 2006 en Texas.

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El detenido también cuenta con una Notificación Roja emitida por la Oficina Central Nacional de Interpol Washington.

Por su captura se ofrecía una recompensa de hasta 25 mil dólares americanos a quien proporcionara información que ayudara en su localización.

William "N" será deportado a su país de origen mediante procedimiento migratorio, al no acreditar su estancia legal en México y al contar con una orden de captura.

Ordenan evacuación de 100 mil personas en Indonesia por volcán activo

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volcan indonesia

STAFF SOLES, KARANGASEM.- Las autoridades indonesias ordenaron el lunes la evacuación masiva de los residentes en la zona de peligro ampliada alrededor de un volcán activo en Bali, donde una erupción obligó a cerrar el aeropuerto internacional de la isla y dejó varados a decenas de miles de viajeros.

El Monte Agung ha estado arrojando nubes de cenizas blancas y grises a unos 3 mil metros de altura desde el fin de semana.

Un video de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres mostró un flujo de sedimentos y agua -conocido como lahar- avanzando por las laderas del volcán.

La agencia subió la alerta por la actividad volcánica al nivel máximo en las primeras horas del lunes y amplió la zona de peligro a un radio de 10 kilómetros desde el cráter, desde los 7.5 kilómetros anteriores. No se descarta una erupción mayor, explicó el ente en un comunicado.

Entre 90 mil y 100 mil personas viven en la zona de peligro.

La ampliación de la zona en alerta abarca a 22 poblaciones y a entre 90 mil y 100 mil personas, explicó el portavoz de la agencia, Sutopo Purwo Nugroho, en una conferencia de prensa en la capital del país, Yakarta.

Unas 40 mil personas han abandonado ya la zona, pero otras no lo han hecho porque se sienten seguras o porque no quieren dejar a su ganado atrás, agregó.

Las autoridades peinarán el área para convencerlos. Si es necesario los desalojaremos por la fuerza", explicó Sutopo.

Unas 25 mil personas viven en centros de evacuación desde septiembre, cuando un aumento en la actividad de la montaña provocó un desalojo.

La lava que sube al cráter "seguramente se extenderá por las laderas", agregó Sutopo.

Una residente en la zona, Putu Sulasmi, contó que huyó con su esposo y otros familiares a un recinto deportivo reconvertido en centro de evacuación.

Vinimos en motocicletas. Tuvimos que desalojar porque nuestra casa está a unos 4.8 kilómetros de la montaña. Teníamos mucho miedo por el ruido y la luz roja", dijo.

La familia se alojó en el mismo centro en septiembre y octubre, cuando el volcán estuvo en alerta máxima durante semanas sin llegar a estallar. Habían regresado a su aldea hacía aproximadamente una semana.

Si tiene que estallar, que estalle ahora en lugar de dejarnos con la incertidumbre. Aceptaré que nuestra casa quede destruida", agregó.

El aeropuerto de Bali cerró en la madrugada del lunes por la presencia de cenizas, que pueden poner en riesgo a los aviones, en su espacio aéreo. Las pantallas de información mostraron filas de cancelaciones mientras los turistas llegaban al concurrido aeródromo esperando volar de regreso a sus casas.

59 mil viajeros han quedado varados por la emergencia.

Según el portavoz del aeropuerto, Air Ahsanurrohim, se cancelaron 445 vuelos, que dejaron a unos 59 mil viajeros varados.

El cierre estará en vigor hasta el martes por la mañana, aunque las autoridades dijeron que la situación se revisará cada seis horas.

Esta decisión tuvo un efecto dominó en todo el país, provocando importantes demoras en otros aeródromos ya que el I Gusti Ngurah Rai de Bali tiene carácter internacional y recibe muchos vuelos en tránsito.

La última gran erupción del Monte Agung fue en 1963, cuando mató a cerca de mil 110 personas.

Bali es el principal destino turístico de Indonesia y su cultura hindú, sus playas aptas para el surf y sus verdes y exuberantes paisajes interiores atraen a unos cinco millones de visitantes al año.

La Dirección General de Transporte Terrestre de Indonesia llevó 100 autocares al aeropuerto de Bali y a terminales de transbordadores para ayudar a los turistas atrapados en la isla por la erupción.

El Ministerio de Turismo indonesio dijo además que los miembros de la Asociación de Hoteles y Restaurantes ofrecerán alojamiento gratuito por una noche para los afectados por el cierre del aeródromo.

Las cenizas cayeron sobre aldeas y balnearios próximos al volcán, y soldados y policías distribuyeron máscaras durante el fin de semana.

En el distrito de Karangasem, que rodea al Agung, los turistas se paraban a observar las nubes de ceniza mientras los niños se dirigían colegio el lunes.

Indonesia está ubicada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene más de 120 volcanes activos.

Detienen a 40 personas y decomisan cuatro toneladas de cocaína en Marruecos y España

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STAFF SOLES, MADRID.— Al menos 40 narcotraficantes detenidos, el aseguramiento en Marruecos y España de cerca de cuatro toneladas de cocaína proveniente de Venezuela (valuadas en 103 millones de euros) y la incautación de vehículos, navíos y otros bienes, fue el resultado de una mega operación internacional, coordinada por Europol y en la que participaron policías de cinco países, informó hoy la Guardia Civil.

La operación se inició en el 2016 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de este grupo dedicado al tráfico de cocaína utilizando embarcaciones de recreo tipo velero desde la localidad de Denia (Alicante, España), que distribuía la droga a varios países europeos.

Fruto de esta información, los agentes interceptaron una de esas embarcaciones procedente de Venezuela y que tenía como destino el Puerto de Cádiz, la cual transportaba 400 kilogramos ocultos en un doble fondo en la proa de la embarcación y recubierta con placas de plomo.

En la acción –también coordinada por Eurojust— se involucraron la Oficina Alemana de Investigación Aduanera (ZKA), la Policía Alemana, los Carabinieri italianos, la DGST marroquí y tuvo la colaboración con la DEA.

Los cuarenta integrantes de la organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y blanqueo de capitales fueron detenidos en las localidades españolas de Girona, Pontevedra, Madrid y Melilla, además de en Marruecos, todos ellos de nacionalidad española, británica y marroquí.

Las actuaciones simultáneas permitieron el aseguramiento de mil 270 kilos de coca en España y 2 mil 580 kilos en Marruecos por parte de la DGST.

La organización estaba dirigida desde Venezuela por un español que se encuentra prófugo.

La organización contaba con varias células en los distintos países implicados, aunque en el caso de España, la Guardia Civil explica que una de estas organizaciones independientes en el País Vasco se dedicaba al traslado de la droga desde Venezuela a España o la recogida de beneficios de la venta de droga para el traslado físico a Venezuela.

Otra de las células, afincada en Melilla, era la encargaba del blanqueo del dinero y estaba dirigida por un español afincado en Frankfurt (Alemania), donde bajo la cobertura de la compra-venta de vehículos, blanqueaba parte del dinero de la organización venezolana principal.